Boletin 16

El Juzgado de Ejecución de Sanciones del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJPA), fue reabierto este tres de febrero, para garantizar el cumplimiento de las medidas de sanción y resolver las controversias que surgen con motivo de su ejecución, bajo el principio de justicia restaurativa que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y que impulsa la Magistrada Presidenta de éste Tribunal, Adriana Pineda Fernández.
La jueza asignada a esta importante área es la Licenciada en Derecho, Abigail Rodríguez Nava, quien se desempeñó de 2003 a 2023, en la Fiscalía General del Estado de Morelos, donde ocupó diversos cargos, entre otros, de la investigación y ejercicio de la acción penal de casos de adolescentes a los que se les atribuía la comisión de un hecho delictivo de alto impacto, así como de la atención de niñas, niños y adolescentes en su carácter de víctimas o testigos, con lo que acreditó una práctica reiterada en el sistema, además de contar con estudios especializados en la materia avalados por institución académica con reconocimiento oficial.
Ahora, como jueza de ejecución de sanciones, Abigail Rodríguez Nava, destacó la importancia de trabajar con los adolescentes en contacto con la ley, a través de los planes individualizados de actividades y de ejecución de sanciones, para que logren reintegrarse a su familia y reinsertarse a la sociedad, dijo que “se trata de desarrollar competencias en los jóvenes, para que cuando culminen una medida de sanción, tengan un proyecto de vida, que puedan llevarlo a cabo y logren las metas que se hayan propuesto”, destacó.
Explicó que por reintegración social y familiar debe entenderse como un proceso integral que se debe desarrollar durante la ejecución de la medida de sanción, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adolescente encontrada responsable de la comisión de un delito. Ésta reintegración debe realizarse a través de diversos programas socioeducativos de intervención destinados a incidir en los factores internos y externos, en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario de la persona adolescente para que genere capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reincidencia y adquirir una función constructiva en la sociedad.
En tanto que, la reinserción social consiste en la restitución del pleno ejercicio de los derechos y libertades de los adolescentes tras el cumplimiento de las medidas ejecutadas con respeto a los derechos humanos de la persona adolescente.
Para finalizar mencionó que las medidas de sanción que son ordenadas en las sentencias, que tiene un carácter socioeducativo, y promueven la formación de la persona adolescente, el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fomento de vínculos socialmente positivos y el pleno desarrollo de su personalidad y de sus capacidades.
El juzgado de ejecución suspendió su actividad jurisdiccional en 2018, por la insuficiencia presupuestal, desde entonces, los asuntos fueron turnados a los jueces especializados de este Tribunal, José Luis Jaimes Olmos, Armando Prieto Limón y Erika Sobeyda Juárez Portillo, incrementando la carga de trabajo e impidiendo que la atención al procedimiento de ejecución tuviera un seguimiento puntual, afectando directamente a los adolescentes.
Con la reapertura, se busca que los jóvenes puedan mejorar su desarrollo, pues tan solo en 2022, el TUJPA detectó que ocho adolescentes al concluir su medida sancionadora volvieron a cometer un delito.