De acuerdo con el último párrafo del artículo 108 constitucional, así como la fracción XXV del artículo 3º y los artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las personas servidoras públicas deben presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, ante su Secretaría u Órgano Interno de Control correspondiente.
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